Unión de Padres de Familia

Una juez federal concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) presenten, junto con autoridades estatales y municipales, la estrategia para implementar los programas y los planes de estudio para los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024.

Yadira Medina Alcántara, juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, señaló en un resolutivo que los programas y planes de estudio deben ser entregados para conocer los contenidos, que deben integrarse a las necesidades particulares de cada entidad, y que las autoridades federales deberán de realizar ajustes al presupuesto con tal de que esto se logre.

“En concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2023-2024; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa. Para lograr lo anterior, en cumplimiento al principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el numeral 1º constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, ponderando el interés superior de la infancia y la adolescencia”, añadió la juez en el resolutivo.

La juez indicó que la titular de la SEP, Leticia Ramírez Anaya; el subsecretario de Educación Básica, el director general de Materiales Educativos de la SEP, así como la titular de la Conaliteg son las autoridades obligadas a cumplir el amparo.

El pasado 26 de mayo, la juzgadora otorgó una suspensión definitiva a la UNPF para que la SEP no imprimiera los libros de texto sin antes verificar que los mismos se ajustan a los planes y programas de estudio que garanticen una educación de calidad y libres de ideologías políticas.

No fue sino hasta el pasado 14 de agosto cuando las autoridades educativas publicaron en el Diario Oficial de la Federación los planes de estudio para prescolar, primaria y secundaria, con lo que se cumplió uno de los requisitos que la juez fijó.