Asfixia y descargas eléctricas; este es informe de la ONU sobre métodos de tortura del régimen de Maduro
El pasado martes –27 de septiembre– la presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, Marta Valiñas, aseveró que los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a la oposición.
“Este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro (…)”, aseguró Valiñas en conferencia de prensa. Así mismo, denunció que sus investigaciones y análisis “muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”.
Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un comunicado.
La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad.
El informe detalló uno a uno los escalofriantes métodos que las presuntas víctimas aseguran son implementados por los servicios de inteligencia de Venezuela en contra de los opositores. Según el texto, destacan las agresiones físicas y psicológicas, así como la violencia sexual:
- Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o mediante el uso de un recipiente con agua.
- Golpes con objetos contundentes.
- Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo.
- Amenazas de muerte o de violencia adicional.
- Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares.
- Desnudez forzada, incluso en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.
- Permanecer encadenados durante largos períodos de tiempo.
De acuerdo con el informe de la Misión Independiente de la ONU, estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
En Caracas, Provea, una de las ONG más activas en la denuncia de violaciones a DD. HH. en el país, denunció este martes que dos funcionarios del Sebin intentaron ingresar a su sede para “intimidar” a familiares de trabajadores detenidos que daban una rueda de prensa para exigir su libertad.
“Nos parece muy preocupante, ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y contra quienes hoy denuncian la política de represión del presidente Nicolás Maduro”, indicaron voceros de la ONG.