Más de un centenar de países que participaron en el Examen Periódico Universal (EPU) de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgieron al estado mexicano a redoblar esfuerzos, más investigación, implementar mejoras y mayor rendición de cuentas en materia de desaparición forzada, asesinatos de periodistas y defensores, violencia contra las mujeres y situación de los migrantes.
Países de distintas latitudes como Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Argentina, Australia, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Croacia, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, España, Suecia y Suiza, entre casi un centenar, exhortaron a México a redoblar esfuerzos con respecto a la desaparición forzada, el registro de desaparecidos y la impunidad que prevalece sobre este flagelo.
De todos los países que participaron, la gran mayoría recomendaron salvaguardar la seguridad y protección de periodistas y defensores de derechos humanos, así como destinar más recursos al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores, investigar asesinatos y llevar a los culpables ante la justicia.
Reino Unido recomienda desmilitarizar la Guardia Nacional
Como ejemplo de las recomendaciones, Reino Unido indicó: “Nos preocupa la impunidad y la corrupción, así como la elevada tasa de violencia contra mujeres y niñas. Recomendamos lo siguiente: realizar un plan general para desmilitarizar a la Guardia Nacional y trasladar su control a las autoridades civiles. También reforzar las capacidades de la fiscalía encargada de los delitos contra la libertad de expresión, periodistas y defensores’’, dijo el representante de Reino Unido.
Estados Unidos pidió “seguir con los centros nacionales de identificación humana e identificar como se debe a los desaparecidos, aplicar sanciones más estrictas por delitos cometidos contra las personas LGBTIQ+”. Asimismo, recomendó “investigar como es debido los delitos contra periodistas y les invitamos a proteger mejor al Mecanismo de Protección y a la Fiscalía que investiga estos delitos”.
Uruguay recomendó “investigaciones exhaustivas e independientes de todas las desapariciones forzadas y llevar a los autores a la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas, en particular para sus familiares y garantizar que periodistas y activistas puedan realizar su labor en un entorno seguro y libre”.
Venezuela pide a México proteger a periodistas e investigar la represión
Venezuela, por su parte, recomendó “salvaguardar la labor de los periodistas en el país, investigaciones imparciales de la desaparición forzada, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del estado”.
Canadá mostró preocupación porque “el registro de desapariciones sea exacto’’ y recomendó “fortalecer el mecanismo de protección para periodistas y garantizar aborto seguro en todos los estados. Garantizar que a los pueblos indígenas se les consulte en la toma de decisiones antes de adoptar medidas que les afecten’’.
China exhortó a “fortalecer las estructuras sanitarias para garantizar el derecho de las personas a la salud, luchar contra la trata y los delitos de narcotráfico tomando parte activa en la colaboración internacional’’.
Costa Rica pide investigar el uso excesivo de la fuerza
Costa Rica urgió “investigar y eliminar uso excesivo de la fuerza y atender los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas del orden”. En el mismo sentido se pronunció el representante de Países Bajos.
Cuba recomendó continuar afianzando los logros en educación, aumentar nivel de vida de la población y celebró los acuerdos que México ha establecido con Cuba “para ampliar la atención médica a sus ciudadanos a partir de los acuerdos que ha establecido con Cuba para incrementar los profesionales de la salud que contribuyen a este propósito”.
Suiza pidió “transparencia en las tareas civiles del ejército” y, por su parte, Suecia expresó preocupación por violaciones de DDHH cometidas por militares.
Por otra parte, una gran mayoría de países también recomendaron más avances con respecto a la violencia contra las mujeres, discriminación, investigar feminicidios, trata, así como tomar medidas efectivas para proteger a las personas migrantes, evitar su detención, especialmente la de los niños.
Otras recomendaciones estuvieron relacionadas con el uso excesivo de la fuerza militar, el aumento de violencia de bandas delictivas, aumento de masacres, reclutamiento de niños por dichas bandas así como la violencia estructural contra los pueblos indígenas y los derechos de las personas LGBTIQ+.
México defiende avances
La delegación de México estuvo liderada por Joel Hernández, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Roberto de León, director general de DDHH de la Cancillería; la embajadora Francisca Méndez, la senadora Yadhira Tamayo, la senadora Nestora Salgado García y al senador Raúl de Jesús Elenes Angulo. No asistió ningún representante de Gobernación.
Joel Hernández, al tomar la palabra, destacó los avances de México en materia de derechos humanos. Afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, bajo el principio “por el bien de todos, primero los pobres. La política social y de derechos humanos de México en el periodo evaluado, ha arrojado resultados muy importantes en el combate a la pobreza, atendiendo las causas estructurales de la desigualad, la discriminación y la violencia”.
“Como resultado de estas acciones, entre 2018 y 2022 se redujo el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional en México, pues pasó del 41.9% a 36.3%; es decir, 5.1 millones de personas dejaron la condición de pobreza”, expuso.
“Gracias a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se está recomponiendo el tejido social. En la medida en que el Estado mexicano ha invertido en programas sociales, se está abatiendo la pobreza y mejorando las condiciones de seguridad de la población”, remarcó.
En materia de salud, señaló que “en México se han fortalecido los servicios de salud públicos y gratuitos. Entre 2018 y 2022, de los 49 millones de personas que solicitaron atención médica, se atendió al 99.6%, es decir, 48.8 millones de mexicanos”.
Por otro lado, “se instrumentaron estrategias orientadas a la prevención social del delito y la violencia, en el ejercicio de una política que pone atención a las causas, con acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno y la participación de la población”.
En consonancia con las recomendaciones recibidas durante la sesión del EPU por parte de los 116 estados miembros de la ONU, Hernández reconoció que “si bien hemos logrado avances importantes y contamos con una agenda robusta en materia de derechos humanos, hay que reconocer que tenemos que profundizar en temas clave para el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, como: desaparición de personas, desaparición forzada , la protección de periodistas y defensores de derechos humanos; las brechas de género que persisten; la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas en toda su diversidad (en particular los feminicidios), y la situación de los derechos humanos de las personas en movilidad”.
Finalmente, afirmó que “el Estado mexicano mantiene un pleno compromiso con los valores fundamentales de la democracia, reconociendo que los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia se refuerzan mutuamente”.
