NIÑOS

En México, niñas, niños y adolescentes siguen “sometidos a las peores formas de trabajo infantil”, como la explotación sexual y la producción y tráfico de drogas, esto a pesar de los “avances moderados” que han logrado las autoridades mexicanas para combatir este problema, señala un reporte del gobierno de Estados Unidos.

Todavía hay alrededor de 866,300 infantes y adolescentes en aquéllas y otras actividades —por ejemplo, el trabajo del hogar— en las que peligran sus vidas o su integridad, indica el Informe sobre trabajo infantil y trabajo forzoso, del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés).

Según el gobierno estadounidense, los grupos delictivos organizados que operan en zonas rurales de todo México “reclutan activamente a menores”, los usan en trabajos como vigilantes o para participar en ataques armados en contra de las autoridades y los cárteles rivales, así como en la producción, el transporte y la venta de drogas.

Muchas veces, agrega, además de las organizaciones delictivas, “los tratantes de menores suelen ser miembros de la familia o conocidos de la víctima”.

En estos tipos de trabajos, los peores para cualquier persona, pero sobre todo para quienes están en la infancia, no sólo hay población mexicana. “Niños migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití” son más vulnerables a la trata de personas, el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales organizados y otras peores formas de violencia y trabajo infantil.

Esta semana, el DOL presentó en Washington su informe global sobre el trabajo infantil, en el que aborda la situación de 119 países independientes y 15 países y territorios no independientes.

Para el caso de México, señala las responsabilidades de instituciones sociales, laborales y de procuración de justicia. Sobre las deficiencias en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por ejemplo, apunta que la dependencia “no tiene un sistema interno para rastrear casos de violaciones de trabajo infantil”.

Destaca la falta de vigilancia y la deficiente persecución de los delitos. Al respecto dice: “Los 529 inspectores laborales federales en el país seguramente son insuficientes para cubrir a los más de 57 millones de trabajadores del país”. Mientras que los organismos que deben hacer cumplir la ley “carecen de recursos humanos y financieros”.

Y aunque el gobierno federal aumentó el presupuesto para las Becas Bienestar Benito Juárez y amplió en 1.2 millones de beneficiarios su alcance en el año, “los programas sociales para prevenir y eliminar el trabajo infantil son insuficientes”, sostiene.