Ciudad de México.- La nueva legislación busca impulsar los pagos electrónicos y reducir gradualmente el uso de dinero en efectivo en México. Otorga a la Secretaría de Hacienda facultades para determinar los sectores y actividades en los que las transacciones digitales serán obligatorias.
El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una reforma que busca modernizar el sistema de transacciones en México, ampliar el uso de herramientas financieras digitales y disminuir la dependencia del dinero en efectivo.
El dictamen fue avalado el 20 de octubre con 73 votos a favor y 34 en contra en lo general. Posteriormente, fue aprobado en lo particular y enviado al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
La legislación contempla 22 artículos y cinco disposiciones transitorias, mediante las cuales se reconoce el uso de tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, códigos QR, tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) y domiciliaciones como medios de pago electrónicos y digitales.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que únicamente podrán aceptarse pagos digitales. Para ello, la dependencia deberá establecer las condiciones y los plazos de transición correspondientes.
De acuerdo con la información legislativa, Hacienda contará con un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades sujetos a este esquema, una vez que se cumplan las condiciones de entrada en vigor de la legislación.
La normativa también establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los proveedores de bienes y servicios deberán contar con la infraestructura necesaria para recibir pagos electrónicos, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y establecer mecanismos para atender posibles fallas tecnológicas.
Sin embargo, la legislación no contempla la eliminación inmediata y generalizada del efectivo. Establece que, cuando una contingencia impida realizar operaciones electrónicas, se permitirá recurrir al dinero en efectivo o cheques.
Otro de los componentes de la reforma es la incorporación de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para facilitar la contratación de servicios financieros mediante plataformas y aplicaciones digitales.
Durante la discusión legislativa, representantes de la oposición cuestionaron las facultades que se conceden a Hacienda para determinar dónde dejará de aceptarse dinero físico. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre posibles afectaciones a pequeños comercios, personas no bancarizadas y sectores de la población que todavía dependen del efectivo.
En contraste, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma al señalar que permitirá modernizar las operaciones económicas, facilitar trámites, ampliar la inclusión financiera y reducir las barreras para acceder a los servicios digitales.
La aprobación de esta legislación abre una nueva etapa en la digitalización de la economía mexicana. Su aplicación dependerá de las disposiciones que emita Hacienda y de la capacidad de los establecimientos, instituciones financieras y autoridades para garantizar el acceso a estos mecanismos de pago.
