Ciudad de México, México.- En una decisión que marca un precedente en materia financiera y de seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias con base en indicios, sin requerir una orden judicial previa.
El fallo, respaldado por seis ministros, confirma la reforma aprobada en 2022 y establece que esta atribución tiene carácter administrativo, no penal. La resolución también reconoce que las personas afectadas cuentan con derecho de audiencia y la posibilidad de presentar pruebas para defenderse.
El proyecto fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien defendió la necesidad de que el Estado cuente con herramientas preventivas para combatir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Argumentó que estos mecanismos responden a compromisos internacionales que obligan a México a actuar con eficacia frente a operaciones ilícitas.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, junto con los ministros Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, votaron en contra al considerar que la medida podría vulnerar garantías fundamentales.
Durante la discusión, el ministro Figueroa Mejía cuestionó que las personas incluidas en la lista de bloqueados sean quienes deban demostrar su inocencia, sin contar con las condiciones propias de un proceso penal formal. En la misma línea, Esquivel advirtió que, aunque la medida pueda ser útil, no debe comprometer el principio de seguridad jurídica.
“Aun cuando se trate de una herramienta eficaz, no se puede justificar la afectación de derechos bajo la premisa de que el fin justifica los medios”, sostuvo.
Con esta resolución, la Corte respalda la actuación de la UIF como un mecanismo preventivo dentro del sistema financiero, lo que podría agilizar la detección y contención de operaciones sospechosas. No obstante, el debate sobre el equilibrio entre eficacia institucional y protección de derechos individuales permanece abierto.
