Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la geolocalización de teléfonos celulares en tiempo real y la conservación de información de usuarios por parte de las compañías telefónicas, una decisión que reavivó el debate sobre los límites entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad.
Al resolver el amparo en revisión 193/2026, el pleno del máximo tribunal declaró constitucionales diversas disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obligan a los concesionarios de telefonía a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
La resolución permite que las empresas telefónicas conserven durante un periodo de hasta dos años registros de comunicaciones, metadatos y otros datos relacionados con la prestación del servicio. También establece la obligación de entregar información a las autoridades cuando exista un requerimiento legal.
Uno de los puntos más relevantes es la geolocalización en tiempo real, mecanismo que permite conocer la ubicación aproximada de un teléfono celular vinculado con una investigación.
La Corte precisó que esta herramienta no permite acceder al contenido de llamadas, mensajes o conversaciones privadas, sino únicamente conocer la ubicación geográfica del dispositivo.
¿LAS AUTORIDADES NECESITARÁN UNA ORDEN JUDICIAL?
El fallo establece que el acceso a los registros conservados por las compañías telefónicas requiere, como regla general, autorización judicial federal debidamente fundamentada y motivada, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, contempla situaciones excepcionales de urgencia, como aquellas en las que esté en riesgo la vida de una persona, en las que puede solicitarse información sin autorización judicial previa, siempre bajo los mecanismos de revisión posterior establecidos en la legislación.
En cuanto a la geolocalización, la Corte determinó que debe existir un mandamiento escrito de autoridad competente, con fundamento y motivación, y sujeto a los límites legales y constitucionales.
DEBATE POR LA PRIVACIDAD Y LOS DATOS PERSONALES
La resolución fue cuestionada durante la discusión del pleno. Algunos ministros advirtieron que las disposiciones pueden generar incertidumbre jurídica si no se delimitan con suficiente claridad los supuestos en los que las autoridades pueden solicitar información de los usuarios.
El ministro Irving Espinosa Betanzos señaló los riesgos de una regulación que, a su consideración, no precisa suficientemente los límites y excepciones para aplicar estas medidas.
El proyecto fue presentado por la ministra María Estela Ríos González y negó el amparo promovido por una ciudadana que argumentó que las disposiciones vulneraban sus derechos a la privacidad, protección de datos personales y libertades de expresión y asociación.
La discusión también estuvo marcada por un intercambio entre la ministra ponente y otros integrantes del pleno sobre la metodología jurídica que debía utilizarse para fundamentar la resolución.
Con esta determinación, la SCJN respalda las herramientas de colaboración entre empresas telefónicas y autoridades de seguridad, pero mantiene la obligación de sujetar el acceso a información personal a controles legales y judiciales.
El fallo coloca nuevamente en el centro de la discusión pública una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en el seguimiento de los ciudadanos en nombre de la seguridad?


