Ciudad de México.- El gasto en pensiones y jubilaciones se ha convertido en una de las principales presiones para las finanzas públicas de México. Hasta septiembre de 2026, prácticamente uno de cada cuatro pesos del gasto gubernamental se destinó a cubrir estos compromisos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los recursos destinados a este rubro incluyen tanto las pensiones contributivas de instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, como los programas sociales dirigidos a adultos mayores y mujeres.
De acuerdo con los datos de Hacienda, las pensiones contributivas acumularon un billón 261 mil 276.9 millones de pesos hasta septiembre, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores registró 438 mil 829.7 millones y Mujeres Bienestar otros 42 mil 278.1 millones de pesos.
En conjunto, los pagos asociados al envejecimiento de la población alcanzaron un billón 742 mil 384.7 millones de pesos durante los primeros nueve meses del año, equivalentes a 24 por ciento del gasto público ejercido.
La presión presupuestaria continuará durante 2027. Las proyecciones contemplan que el gasto total en pensiones alcance aproximadamente 2.5 billones de pesos, equivalente a 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor de 23 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
A este escenario se suma el endeudamiento público. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzó 19.22 billones de pesos en julio de 2026, equivalente a 51.5 por ciento del PIB.
Además, el costo financiero de la deuda representa otra obligación creciente para el Gobierno federal. Para 2027 se proyecta que supere 1.5 billones de pesos, recursos que deberán destinarse al pago de intereses y otras obligaciones financieras.
El problema para las finanzas nacionales radica en que el crecimiento de los compromisos pensionarios y el servicio de la deuda reduce el margen presupuestario disponible para otros sectores, como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Así, el Gobierno federal enfrenta el desafío de sostener los programas sociales y cumplir con las obligaciones adquiridas por los sistemas de jubilación, al mismo tiempo que debe contener el endeudamiento y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.
