El caso se centró en que la compañía permitió la operación de redes de explotación infantil a través de sus servicios, particularmente en Facebook e Instagram, además de que, según la acusación, no actuó con la rapidez ni la eficacia necesarias para frenar estas actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que Meta tenía conocimiento de estos problemas, pero no implementó medidas suficientes para prevenirlos o eliminarlos.
El jurado concluyó que la empresa incurrió en negligencia al no proteger adecuadamente a los usuarios menores de edad, lo que derivó en la sanción económica. Este fallo representa uno de los golpes más fuertes contra una empresa tecnológica por temas relacionados con la seguridad infantil en plataformas digitales.
Por su parte, Meta ha rechazado las acusaciones y ha señalado que mantiene esfuerzos constantes para combatir la explotación infantil en línea, incluyendo herramientas de detección, colaboración con autoridades y eliminación de contenido ilegal.
El caso podría marcar un precedente relevante en la regulación de redes sociales, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de las plataformas en la protección de menores y la vigilancia de contenidos ilícitos.
