Las autoridades de la República Islámica han intensificado drásticamente su estrategia para sofocar la ola de protestas que comenzó a finales de 2025. En un anuncio oficial emitido este miércoles, el sistema judicial iraní confirmó que los manifestantes detenidos enfrentarán juicios acelerados, con procesos que podrían derivar en la pena de muerte bajo cargos de seguridad nacional y delitos contra la religión.
La magnitud del conflicto ha alcanzado niveles críticos. Organizaciones internacionales de derechos humanos estiman que la represión estatal ha cobrado la vida de más de 2,500 personas y ha resultado en decenas de miles de detenciones. El uso de munición real y el bloqueo sistemático de servicios de internet han sido las herramientas principales del régimen para intentar desarticular un movimiento que, aunque inició por demandas económicas, hoy exige cambios estructurales en el poder político.
Los llamados «juicios exprés» son el punto de mayor fricción con la comunidad internacional. Estos procesos se caracterizan por:
Ausencia de defensa legal: Los detenidos carecen de acceso a abogados independientes.
Cargos ambiguos: Se utilizan figuras como «enemistad contra Dios» para justificar condenas capitales.
Rapidez procesal: Las sentencias se dictan en días, buscando un efecto de intimidación social inmediata.
La respuesta global no se ha hecho esperar. Gobiernos occidentales y la ONU han advertido sobre nuevas y severas sanciones económicas si se proceden con las ejecuciones. Por su parte, el régimen de Teherán mantiene una retórica desafiante, atribuyendo el malestar social a una supuesta injerencia de potencias extranjeras, lo que proyecta un escenario de aislamiento diplomático total para Irán en los próximos meses de 2026.
