Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, también son investigados por el gobierno de Estados Unidos, reveló este miércoles el diario Los Angeles Times.
El diario estadounidense cita a personas familiarizadas con ambos casos que surgen tras las acusaciones del gobierno de Donald Trump contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve políticos mexicanos más, señalados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con LA Times, la visa de Durazo fue cancelada desde el año pasado. Además, las fuentes señalaron que la investigación contra el gobernador de Sonora gira en torno a presuntos vínculos con el crimen organizado.
El reportaje indica que Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica especializada mediante un esquema denominado libertad condicional por beneficio público significativo, un mecanismo excepcional utilizado por autoridades estadounidenses para permitir el ingreso temporal de personas cuya presencia se considera de interés para investigaciones o procedimientos oficiales.
En el caso de Américo Villarreal, la investigación estaría relacionada a una red de contrabando de combustible. Las mismas fuentes indicaron al periódico que el gobernador tamaulipeco también cuenta con el mismo beneficio migratorio de Durazo y que, durante sus cruces hacia territorio estadounidense, suele estar acompañado de funcionarios de ese país.
LA Times buscó a los dos gobernadores, pero solo respondió el gobernador de Tamaulipas, quien calificó las acusaciones como “falsas, parciales y carentes de pruebas” y sostuvo que su actuación como servidor público ha sido transparente y apegada a la ley.
Tras la publicación del diario, Paloma Terán, la titular de Comunicación Social de Sonora, publicó en X que Durazo cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Además de estas investigaciones, el diario expuso que durante el encuentro que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se abordó formalmente la petición de entrega de Rocha Moya.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio estadounidense, durante la reunión celebrada en mayo Mullin le comunicó a Sheinbaum que la administración del presidente Donald Trump espera que México entregue a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa.
Sheinbaum le respondió que cualquier decisión respecto al mandatario sinaloense se tomará con base en las evaluaciones del gobierno mexicano y advirtió que nuevas acusaciones contra funcionarios podrían ser interpretadas como una injerencia en asuntos internos del país.
“¿Cuál es el interés?”, cuestiona Sheinbaum
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la difusión del presunto retiro de visas y sugirió que existe una intención política detrás de la filtración de este tipo de información.
Sheinbaum señaló que corresponde a los propios mandatarios estatales aclarar su situación, pero insistió en que es necesario preguntarse por qué este tipo de decisiones terminan haciéndose públicas.
Entiendo que ellos tienen que aclarar, pero yo preguntaría: ¿qué intención tiene quitar la visa y además hacerlo público? ¿Cuál es el interés?
La presidenta afirmó que algunos sectores utilizan este tipo de filtraciones para enviar mensajes políticos o generar presión sobre actores públicos mexicanos.
“Así actúan algunos sectores: vamos a filtrar para decirles a los mexicanos: ‘aguas, te van a quitar la visa’. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y tiene la certeza de que está actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas”, sostuvo.
La mandataria añadió que existe al menos el derecho a cuestionar las motivaciones detrás de este tipo de acciones y a mantener dudas sobre sus objetivos.
Durante la misma conferencia, Sheinbaum también defendió la reciente reforma constitucional que incorpora la posibilidad de anular elecciones cuando se acredite una injerencia extranjera que influya en los resultados electorales.
