El gobierno de Estados Unidos autorizó la venta y reexportación de petróleo y gas a Cuba, bajo la condición de que el combustible sea destinado exclusivamente al sector privado y a actividades con fines humanitarios. La medida fue confirmada por el Departamento del Tesoro, que explicó que la disposición se enmarca en la denominada Excepción de Licencia Support for the Cuban People (SCP).
De acuerdo con la explicación oficial, la autorización permite exportaciones para uso personal y para actividades económicas privadas, siempre que no involucren al gobierno cubano ni a entidades estatales o militares. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) advirtió que los exportadores deberán revisar las directrices vigentes para garantizar el cumplimiento estricto de las normas.
El anuncio ocurre en un contexto de profunda crisis energética en Cuba, derivada de la interrupción de suministros externos de combustible. Tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, Washington impuso sanciones a países y empresas que intentaran exportar petróleo a la isla, lo que agravó la escasez en La Habana.
Ante este escenario, el gobierno cubano flexibilizó recientemente sus normas internas para permitir, por primera vez en casi 70 años, la importación privada de combustible, en un intento por mitigar el impacto de la crisis económica.
Las autoridades estadounidenses precisaron que, aunque el crudo pueda tener origen inicial en Venezuela, su salida deberá realizarse desde territorio estadounidense y bajo supervisión de las autoridades federales. El presidente Donald Trump sostuvo que, tras el golpe a Caracas, Estados Unidos controlará el destino del petróleo venezolano y lo comercializará en el mercado internacional a precios de referencia. En su mensaje sobre el Estado de la Unión, afirmó que la cifra disponible asciende a 80 millones de barriles, superior a los cálculos iniciales.
La autorización se suma a otras medidas recientes de Washington dirigidas a canalizar ayuda directa a la población cubana, como el envío de medicamentos y alimentos tras el paso del huracán Melissa, gestionados a través de intermediarios civiles.
La decisión marca un giro limitado en la política hacia Cuba, al permitir un flujo energético controlado que busca aliviar parcialmente la escasez sin desmontar el esquema de sanciones. Para La Habana, representa un posible respiro en medio de la crisis; para Washington, una estrategia que combina presión política con respaldo al sector privado y a la población civil.
