Mayores penalidades para los victimarios, capacitación a los agentes del Ministerio Público y una campaña de prevención para disminuir los ataques con ácido, pide la Fundación Carmen Sánchez MX, que lleva el registro de 33 mujeres mexicanas que fueron agredidas con químicos en los últimos 22 años.
Carmen Sánchez, quien fundó esta ONG en enero de 2021, a partir de que ella fue víctima de violencia ácida en 2014 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, asegura que esa cifra puede ser mucho mayor.
«Hay víctimas que no denuncian ni hacen público su caso por miedo a las amenazas, por el desgaste del proceso legal o por la revictimización que existe. Esos 33 casos son sólo la punta del iceberg de un problema muy grave y complejo que apenas acaba de cobrar visibilidad», dijo en entrevista a medios.
En el Senado y en la Cámara de Diputados hay iniciativas que buscan aumentar las penas por ataques con ácido, pero se encuentran en la congeladora.
La próxima semana, las diputada priistas Montserrat Arcos Velázquez, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos Huirache, Melissa Estefanía Vargas Camacho y Jaqueline Hinojosa Madrigal presentarán una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se pide equiparar los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas a un feminicidio en grado de tentativa.
La propuesta explica que 85% de los casos de violencia ácida fueron cometidos por hombres y 90% fueron dirigidos al rostro de la víctima, en su mayoría en un lugar público.
«Es decir, tienen un trasfondo contra las mujeres y de generar un miedo colectivo como un terrorismo de género», subraya.
Destaca que los ataques con ácido «son agresiones con una altísima carga simbólica, ya que pretenden dejar una marca permanente y destruir la vida de la mujer a través de una violencia extrema. Es decir, aun si la víctima no pierde la vida de forma literal, se le provoca una muerte social, ya que busca excluirla del mundo a través de su aspecto».
La iniciativa de las legisladoras del PRI destaca que entre los principales efectos físicos de la violencia ácida se encuentran: dolor agudo, ceguera, pérdida de los rasgos faciales y daños sicológicos severos, además puede derivar en discapacidades y en un ostracismo social.
La propuesta pretende hacer más visible la violencia ácida, afirma la diputada Montserrat Arcos, cuya abuela fue agredida con agua hirviendo de joven.
«Lo que queremos es que este tipo de agresiones sean visibilizadas de la manera correcta para evitarlas y que la pena sea proporcional para los agresores, que desincentive esos ataques, que no sean comunes ni recurrentes, porque de lo contrario, se corre el riesgo de replicar la conducta.
«Este tema de la violencia ácida no puede tratarse sólo como lesiones, hacia allá va nuestra iniciativa y buscamos que ese tipo de agresiones se tipifiquen como tentativa de feminicidio en el artículo 325 del Código Penal Federal. Buscamos también que la penalidad de los agresores sea proporcional al daño de la lesión de la víctima», remarca.
En la propuesta se exige a las autoridades que se hagan responsables para disminuir la impunidad en esos ilícitos, «porque la aplicación de la ley debe ser pronta y expedita», expone.
En el país no existe una cifra oficial de mujeres víctimas de este tipo de violencia. Sin embargo, Carmen Sánchez, activista y víctima de un ataque con ácido cometido por su expareja en 2014, lleva un conteo de los casos desde el año 2000 a la fecha.
La Ciudad de México y Puebla registran cinco casos cada uno; Estado de México, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Yucatán son las entidades en las que se han cometido esos ataques.
Asegura que la edad promedio de las víctimas de ese delito es entre los 20 y 30 años y en la mayoría de los casos sus agresores fueron sus parejas o exparejas.
Con 63 cirugías, Carmen, quien actualmente estudia la carrera de Derecho, expone que la impunidad a la que se enfrentan las mujeres en México es constante.
Explica que en 94% de los casos de ataques con ácido no hay sentencia, sólo tres del total de los agresores fueron vinculados a proceso por feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar. En 100% de los casos no hay reparación integral del daño.
«Lo que se vive después de un ataque ácido es brutal. Nos enfrentamos a la violencia económica, porque es común que las agredidas pierdan su empleo después», asegura.
