Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025 — El gobierno federal planteó la creación de un impuesto especial del 8 % a los videojuegos catalogados como violentos, como parte del Paquete Económico 2026.
La medida busca, según la Secretaría de Hacienda, desincentivar el consumo de este tipo de productos y, al mismo tiempo, generar recursos adicionales para programas sociales.
Argumentos del gobierno
La propuesta parte de la premisa de que los videojuegos con escenas de violencia intensa son un factor que contribuye a los altos niveles de agresividad en la sociedad, sobre todo entre jóvenes. En el documento entregado al Congreso se recuerda que, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, se registraron más de 199 mil homicidios en el país, cifra que refleja la urgencia de nuevas estrategias de prevención.
¿Cómo se aplicaría el impuesto?
El gravamen sería del 8 % sobre el valor de los videojuegos considerados violentos. Aunque el gobierno no detalló de forma específica qué títulos entrarían en esta categoría, se prevé que se base en las clasificaciones que restringen su venta a mayores de edad o en aquellas que advierten sobre violencia explícita.
El impuesto alcanzaría tanto a versiones físicas como a descargas digitales, e incluso podría abarcar servicios de suscripción que ofrezcan acceso a este tipo de contenidos.
Reacciones y controversia
La propuesta ha generado polémica en la industria del entretenimiento digital y entre consumidores, pues significaría un aumento en los precios de títulos de gran popularidad. Además, especialistas han cuestionado la base científica que sostiene la medida, señalando que la relación entre videojuegos y violencia social sigue siendo objeto de debate académico.
Algunos analistas advierten también que el encarecimiento podría incentivar la piratería, debilitando al mercado legal en lugar de fortalecerlo.
Próximos pasos
El planteamiento forma parte de la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2026 y deberá ser discutido y votado en el Congreso. En caso de aprobarse, el impuesto entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
