El gobierno de México ha declarado una situación de emergencia nacional en materia migratoria, luego de que Estados Unidos anunciara nuevas medidas contra migrantes indocumentados y sus familias.
Las políticas incluyen:
- Deportaciones masivas estimadas en más de un millón de personas al año
- Creación de centros de detención exprés en ciudades fronterizas
- Cobro del 1 % de impuesto a todas las remesas enviadas desde EE.UU.
- Suspensión de visas humanitarias y familiares
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a las embajadas y consulados a reforzar la atención a mexicanos en el extranjero, aunque organizaciones civiles han calificado las acciones como insuficientes.
Expertos en migración advierten que millones de familias podrían ser separadas o sufrir afectaciones económicas graves si no se implementan mecanismos de defensa legales y apoyo económico.
El tema será uno de los puntos principales en la próxima cumbre bilateral de alto nivel, a celebrarse en las próximas semanas.
