Como parte de una estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, este 1 de septiembre inició en México la prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil.
El ejercicio es coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en colaboración con las principales operadoras del país: Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.
La iniciativa busca establecer un sistema de identificación de usuarios que permita vincular cada línea telefónica con una persona física, utilizando documentos oficiales como la Clave Única de Registro de Población (CURP). El objetivo es fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones móviles sin comprometer la privacidad de los usuarios.
Durante la firma del acuerdo, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez Hernández, explicó que esta etapa permitirá evaluar procesos, detectar áreas de mejora y preparar la implementación obligatoria del registro, contemplada en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Una de las garantías clave del programa es que los datos personales recabados quedarán bajo el resguardo exclusivo de las compañías telefónicas, conforme a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El gobierno no tendrá acceso directo a esta información, lo que busca disipar preocupaciones sobre vigilancia o uso indebido de datos.
La prueba piloto se extenderá hasta octubre y contempla dos modalidades: el registro presencial en centros de atención a clientes y una opción remota para facilitar el proceso a usuarios con líneas activas. Una vez concluida esta fase, el registro será obligatorio para todas las nuevas líneas adquiridas en puntos de venta, mientras que las líneas existentes tendrán un periodo específico para regularizarse.
El subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez, y el director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, José Antonio Montero, estuvieron presentes en el acto protocolario, respaldando el esfuerzo como parte de una política integral de seguridad digital.
La ATDT subrayó que este registro no afectará la operación de los servicios móviles ni implicará costos adicionales para los usuarios. Además, se habilitarán canales de atención para resolver dudas y acompañar el proceso de manera transparente.
Este ejercicio marca un paso importante hacia la modernización del ecosistema digital en México, con énfasis en la protección de los usuarios y la prevención de delitos tecnológicos.
