Estados Unidos ha emitido un nuevo aviso a México en su lucha contra el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, señalando esta vez a dos bancos —CIBanco e Intercam— y a la casa de bolsa Vector. Las autoridades estadounidenses acusan a estas instituciones financieras de colaborar desde hace tiempo en el blanqueo de capitales del crimen organizado, así como de facilitar pagos hacia Asia para adquirir precursores químicos del fentanilo, una de las principales amenazas de salud pública en territorio estadounidense.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones y notificó formalmente al Gobierno mexicano, en un comunicado que subraya la cooperación bilateral. Sin embargo, el trasfondo del mensaje es contundente: Estados Unidos no cesará en su ofensiva contra quienes trafican o colaboran en la expansión del fentanilo, sustancia responsable de decenas de miles de muertes anuales. A la vez, envía una señal clara a todas las empresas —bancos incluidos— de que esta lucha es permanente.
En esta ocasión, no ha habido filtraciones a la prensa ni tensiones diplomáticas. El Gobierno mexicano fue notificado de manera formal por el Departamento del Tesoro, que desde hace años intenta asfixiar al narcotráfico a través de sus finanzas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció haber recibido el aviso sobre las presuntas irregularidades y ha iniciado una revisión, identificando por ahora solo “problemas administrativos que ya han sido sancionados”. No obstante, Hacienda está a la espera de evidencia más sólida sobre posibles actividades ilícitas para actuar con mayor contundencia. Hasta el momento, solo se han identificado algunas transferencias electrónicas entre las instituciones señaladas y empresas chinas legalmente constituidas, transacciones que, afirman, se realizan por miles en la banca nacional. Aun así, el mensaje ha sido recibido por el sector financiero: todos están bajo observación.
Para Cecilia Farfán-Méndez, jefa del Observatorio para América del Norte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, aunque estas acciones del Tesoro no son nuevas ni representan su mayor ofensiva —como lo fue el caso del TD Bank en EE. UU. a finales del año pasado—, sí tienen un nuevo contexto. “Lo relevante es el marco de la lucha contra el fentanilo. Están diciendo que no van a soltar el tema, que atacarán por todos los frentes”, subraya. También destaca la paradoja de que durante la Administración Trump se relajaron las regulaciones contra el lavado de dinero, facilitando precisamente estas prácticas.
Guillermo Valdés, exdirector del extinto CISEN, pide cautela antes de condenar a las instituciones señaladas. Explica que muchas veces las empresas pueden verse involucradas sin saberlo. Durante su gestión, detectó casos de empresas exportadoras de legumbres que eran usadas para lavar dinero sin que sus directivos lo supieran, así como compañías en EE. UU. que compraban bicicletas al contado para enviarlas a México con fines similares. “Estas acusaciones no implican necesariamente una intención dolosa. Sin embargo, el golpe político está dado: se manda un mensaje fuerte y obliga a establecer controles más eficaces”, afirma.
Ahora queda por ver si el Gobierno mexicano, a partir de estos indicios, profundiza la investigación y logra confirmar conductas sancionables. “Será interesante ver si Hacienda da seguimiento. Muchas veces estas acciones del Tesoro son preventivas y, con el tiempo, algunas empresas señaladas son retiradas de las listas”, comenta Farfán-Méndez. También destaca que en esta ocasión el propio Departamento del Tesoro enfatizó que todo se dio en un marco de cooperación bilateral, lo que Hacienda ha ratificado.
Casos similares ya se han presentado, como el de HSBC en México, o bancos estadounidenses. El contexto actual, sin embargo, es más agresivo, especialmente cuando se trata de operaciones vinculadas al fentanilo. Este mismo mes, el Tesoro congeló bienes y propiedades de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como de otros tres cabecillas. En el comunicado, se advierte a cualquier entidad o empresa —directa o indirectamente relacionada— que puede ser objeto de sanciones.
El 14 de junio, en Mazatlán, también se anunció un golpe contra una pareja de empresarios vinculados a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, encabezada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Las autoridades vincularon las empresas de Raúl Núñez con operaciones de Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza de “Los Chapitos” en esa región.
La colaboración entre México y EE. UU. en materia de combate financiero al crimen organizado no es nueva. Desde el inicio del gobierno de Joe Biden se han intensificado los intercambios y reuniones entre autoridades del Tesoro y Hacienda, incluso con la participación de representantes del sector privado. El objetivo ha sido claro: asfixiar económicamente al narcotráfico. El fentanilo, en este momento, es el centro de esa presión política y diplomática. Y este último aviso del Tesoro confirma que no se dejará piedra sin mover para contenerlo.
Con información de El País
