Estados Unidos endurece su política migratoria. El presidente de ese país, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva o decreto para restringir drásticamente las solicitudes de asilo de migrantes indocumentados que crucen la frontera con México, así como facilitar las deportaciones a nuestro país.
El mandatario demócrata anunció el cierre temporal de la frontera con México cuando la cifra de entradas irregulares a la Unión Americana supere el umbral de dos mil 500 casos en un mismo día. Si se rebasa ese tope, las autoridades suspenderán la entrada de solicitantes de asilo y migrantes.
Según Biden, esta orden es necesaria “para asegurar nuestra frontera” y entrará en vigor de inmediato, pues los cruces de migrantes ilegales ya superan el umbral de los dos mil 500 por día -las estimaciones son de cuatro mil cruces diarios-.
La orden migratoria responde a las políticas de deportación masiva que promete el ex mandatario y precandidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, a seis meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que Biden busca reelegirse. Además, es un posicionamiento de cara a los votantes, quienes han señalado en sondeos y encuestas que la migración es el tema clave de la elección.
Ayer, Biden habló con Andrés Manuel López Obrador sobre la medida y prometió que “seguirá trabajando con nuestros vecinos mexicanos, en lugar de atacarlos”.
Acudirán a la Corte Suprema de EU para suspender el decreto
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) informó que buscará tumbar en la Corte Suprema la orden ejecutiva presentada por el presidente Joe Biden, que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos (EU) con México.
La orden, en vigor desde hoy, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de dos mil 500 cruces diarios en la frontera durante un promedio de siete días.
En un comunicado, ACLU advirtió que demandará la orden que, según la organización, se “hace eco” de la prohibición de entrada emitida por el Gobierno de Donald Trump en 2018.
“Tenemos la intención de impugnar esta orden ante los tribunales. Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Deirdre Schifeling, directora política y defensa de la ACLU, advirtió que la iniciativa presentada no arregla “el fallido” sistema de inmigración y apresurará las deportaciones.
“Instamos a la administración de Biden a cumplir su promesa de campaña de restaurar el asilo y movilizar los recursos necesarios para abordar los desafíos en la frontera. No es sólo algo moralmente sensato: es buena política”, añadió.
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) afirmó que está “muy preocupada” por las restricciones a la entrada de migrantes, e instó a Washington a reconsiderar su decisión y cumplir sus obligaciones internacionales.
“Las nuevas medidas denegarán el acceso al asilo a muchas personas que necesitan protección internacional y que ahora estarán sin una opción viable para buscar seguridad”, añadió la agencia de la ONU, que recordó: “cualquier persona que alegue tener temores fundados a ser perseguida en su país de origen debe tener acceso a un territorio seguro”.
Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la iniciativa es un daño irreversible para los solicitantes de asilo.
